El envío de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración está estipulado en el numeral séptimo del artículo 168 de la Constitución de la República, el cual otorga las principales facultades al Poder Ejecutivo. 

El poder de enviar proyectos de ley de este tipo fue incluido en la Constitución aprobada en 1967, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. El objetivo de la reforma constitucional: fortalecer al Poder Ejecutivo. 

Los proyectos de ley de urgente consideración pueden referirse tanto a la creación de nuevas leyes como a la modificación de anteriores. Ni la ley de Presupuesto ni cualquier otra que necesite mayorías especiales (tres quintos o dos tercios del total de componentes de cada Cámara) -por ejemplo, reformar la Constitución o modificar leyes electorales- podrá ser rotulada como de urgente consideración. Durante el tiempo que el Parlamento tiene a estudio el proyecto, el Poder Ejecutivo no podrá enviar otros.

La principal característica es que limitan el tiempo de tratamiento parlamentario. Específicamente, la Constitución estipula que la cámara que trata el proyecto primero cuenta con 45 días para trabajar en él y la segunda con 30 días. Si en ese periodo el Parlamento no consigue pronunciarse, el proyecto queda aprobado. 

Si una cámara logra reunir tres quintos de los votos, puede dejar sin efecto el carácter de “urgente consideración” y el proyecto se tratará como cualquier otro. Esta fue la moción presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio el 28 de abril, y que no prosperó por no contar con la mayoría especial de votos.